A menudo, las políticas económicas impulsadas por Nayib Bukele son calificadas de manera negativa, ya sea por desconocimiento del contexto histórico y estructural de El Salvador, o por la influencia de una prensa que suele abordar su gobierno desde una óptica predominantemente política. Y no es extraño que así ocurra: cuando un líder concentra una gran cuota de poder en su figura o en su partido, el nivel de responsabilidad también se multiplica. En un escenario así, el margen de error se reduce, y cada decisión adoptada en materia económica adquiere un peso decisivo para el presente y el futuro de la nación.
Por eso, en el caso salvadoreño, el juicio no puede hacerse a la ligera. Si la estrategia económica de Bukele resulta exitosa, el impacto para El Salvador podría ser histórico; pero si fracasa, no solo se verán afectadas las condiciones de vida de millones de ciudadanos, sino también la legitimidad política del propio mandatario y su permanencia al frente del Estado. En otras palabras, Bukele no solo administra una economía con problemas estructurales, sino que también arriesga su liderazgo en cada movimiento que realiza.
Frente a ello, surge una pregunta fundamental: ¿realmente está jugando mal sus cartas en materia económica Nayib Bukele, sabiendo la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros? Para responderla, no basta con repetir consignas a favor o en contra, sino que es necesario observar con detenimiento el punto de partida de El Salvador, las limitaciones históricas del país y, sobre todo, las decisiones concretas que ha tomado su gobierno.
Este artículo parte de esa necesidad de análisis. A lo largo del texto, revisaremos las medidas, apuestas y decisiones por las cuales puede sostenerse que Bukele actúa, en buena medida, como un pragmático de la economía: no como un gobernante aferrado rígidamente a una doctrina, sino como alguien que busca resultados, combina herramientas diversas y adapta su estrategia a las necesidades políticas, fiscales y estructurales de El Salvador.
Antecedentes económicos de El Salvador
Hablar de la economía salvadoreña actual exige entender primero el punto de partida. Nayib Bukele no recibió una economía en expansión sostenida ni un aparato productivo robusto, sino un país atrapado durante años en una combinación de bajo crecimiento, alta violencia, débil creación de empleo formal y rezagos persistentes en capital humano. El propio Banco Mundial resume que, entre 2000 y 2024, El Salvador creció apenas 2.1% anual, el ritmo más bajo de Centroamérica en ese período, limitado por el crimen y otras restricciones estructurales. Incluso antes de la actual etapa de mejora en seguridad, el Banco Mundial ya describía al país como una economía de bajo crecimiento, alta migración y alta violencia, con niveles bajos de inversión y una fuerte dependencia del consumo y las remesas.
Uno de los principales lastres históricos fue la criminalidad. En el quinquenio previo a la llegada de Bukele, el crecimiento promedio fue de apenas 2.3% anual entre 2014 y 2018, en un contexto en el que la violencia seguía drenando recursos, deteriorando expectativas y encareciendo la actividad económica. El Banco Mundial señalaba que en 2017 la tasa de homicidios rondaba los 60 por cada 100 mil habitantes, más de tres veces el promedio regional, y estimaba que el costo económico del crimen alcanzaba alrededor del 10% del PIB cada año. Más recientemente, el FMI recordó que la tasa de homicidios todavía era de 54 por 100 mil en 2018, una cifra que ayuda a dimensionar el nivel de deterioro institucional y social desde el cual partía el país al inicio de la administración Bukele.
A ese problema se sumaba una inversión extranjera históricamente débil. El Salvador ha sido, durante años, una economía abierta pero poco dinámica para atraer capital productivo a la escala de sus vecinos. El FMI afirma que los flujos netos de IED se han mantenido consistentemente por debajo de la mediana de CAPDR, lo que revela una debilidad estructural de competitividad y clima de inversión. El Banco Mundial, por su parte, reporta que en 2024 la IED alcanzó 1.8% del PIB, todavía por debajo del promedio de Centroamérica (3.2%). Esto sugiere que la baja inversión no era solo un problema coyuntural, sino una característica de larga data: la seguridad afectaba, sí, pero también pesaban la baja productividad, las brechas de infraestructura y la limitada confianza para proyectos de largo plazo.
Otro antecedente clave era el rezago en educación y capital humano, que golpeaba directamente la productividad. En el índice de capital humano del Banco Mundial, ya en 2018 El Salvador aparecía en una situación frágil: un niño nacido entonces alcanzaría apenas 50% de su productividad potencial si se comparaba con un escenario de salud plena y educación completa de calidad. Esa limitación no era abstracta. El Banco Mundial reporta que en 2019 la pobreza de aprendizaje alcanzaba el 69%, es decir, casi siete de cada diez niños no podían leer y comprender un texto simple a los 10 años. Y en el ámbito rural, el problema seguía siendo severo: según datos citados por el Banco Mundial para 2023, casi tres de cada cuatro jefes de hogar rurales no habían completado la primaria, lo que restringe el acceso a mejores empleos y perpetúa la baja productividad.
En salud pública, la situación también arrastraba limitaciones relevantes. Aunque El Salvador logró avances en cobertura maternoinfantil en años anteriores, el propio Banco Mundial advertía que seguían existiendo problemas de calidad en la prestación de servicios, y en 2025 aprobó un nuevo proyecto específicamente orientado a mejorar el acceso a servicios de salud de calidad, fortalecer la capacidad operativa del Ministerio de Salud y avanzar hacia una cobertura más efectiva. Ese dato es importante porque muestra que el problema no era simplemente gastar más, sino mejorar capacidad institucional, acceso y calidad. En otras palabras, la debilidad en salud y educación no solo era social: también era económica, porque reducía productividad, profundizaba desigualdades y debilitaba la competitividad general del país.
Por eso, evaluar el pragmatismo económico de Bukele exige partir de una premisa incómoda pero esencial: su gobierno no comenzó sobre una base sana, sino sobre una economía que venía creciendo poco, dependiendo demasiado de remesas, generando poco empleo de calidad y operando bajo una presión criminal extraordinaria. El Banco Mundial subraya que en 2023 el 68% de los trabajadores seguía en la informalidad, y que la pobreza oficial, después de haber bajado a 26.8% en 2019, había subido a 30.3% en 2023. Eso significa que el problema salvadoreño no era únicamente de seguridad, sino de estructura económica: una combinación de violencia, baja inversión, informalidad y debilidad del capital humano que limitó durante años la capacidad del país para crecer de forma sostenida e inclusiva.
La Fórmula del Desastre Económico
El problema de El Salvador no era simplemente tener varios males al mismo tiempo, sino la forma en que esos males se alimentaban entre sí. La alta criminalidad espantaba la inversión; la falta de inversión reducía la creación de empleo y frenaba la modernización productiva; la debilidad en educación y salud limitaba la productividad de la población; y todo ello, a su vez, profundizaba la informalidad, la pobreza y la dependencia de una economía de mera supervivencia. No se trataba, pues, de obstáculos aislados, sino de una verdadera estructura de bloqueo económico.
Esa es la desastrosa fórmula de la que partía El Salvador: violencia que destruye confianza, baja inversión que impide crecer, instituciones débiles que no corrigen el problema y un capital humano insuficiente para empujar la innovación y la competitividad. Cuando todos esos elementos coinciden, la economía deja de ser un espacio fértil para el progreso y se convierte en un terreno infértil, donde emprender es riesgoso, producir cuesta más, invertir resulta incierto y prosperar se vuelve la excepción en lugar de la norma.
Por eso, antes de analizar cualquier apuesta económica de Bukele, hay que entender que su gobierno no heredó una economía simplemente estancada, sino una maquinaria atrapada en un círculo vicioso. Y romper un círculo así no exige únicamente buenas intenciones o recetas ideológicas, sino decisiones capaces de alterar, en la práctica, las condiciones mismas sobre las que se movía la economía salvadoreña.
La Llegada de Nayib Bukele: El pragmatismo empieza a asomarse.
La llegada de Nayib Bukele al poder no puede entenderse como la simple entrada de un nuevo presidente, sino como el inicio de una forma de gobierno marcada por la acción rápida, la concentración de decisiones y la búsqueda de resultados visibles. Si el país venía de una economía debilitada por la violencia, la baja inversión y el rezago social, los primeros años de Bukele estuvieron definidos por tres frentes que, para bien o para mal, marcaron su sello: la gestión de la pandemia, la ofensiva contra la criminalidad y una apuesta por obras e intervenciones en educación y salud pública. En esos tres campos empieza a verse el rasgo que luego atravesará su política económica: un pragmatismo orientado menos por la pureza doctrinal y más por la necesidad de remover obstáculos concretos al funcionamiento del país.
La Pandemia
A menos de un año de haber asumido, Bukele enfrentó la pandemia de COVID-19 con una lógica de choque. El FMI calificó la respuesta como “timely and comprehensive”: la economía no reabrió completamente hasta fines de septiembre de 2020, se amplió con rapidez la capacidad de pruebas y de UCI, y para diciembre de 2021 El Salvador tenía una de las tasas registradas de casos y muertes más bajas de la región, con una vacunación completa del 69% de la población para esa fecha. La OPS/OMS, en un estudio de caso sobre El Salvador, describió además uno de los bloqueos más estrictos de la región: permanencia obligatoria en casa salvo actividades esenciales, controles militares, expansión acelerada del testeo, pruebas abiertas al público, transferencias de US$300 a cerca del 60% de los hogares, distribución de 2.7 millones de canastas de alimentos, congelamiento temporal de pagos de servicios, hipotecas y préstamos, y la construcción del Hospital El Salvador, dentro de una expansión hospitalaria que llevó la red de unas 30 camas a más de 2,000 para atención COVID, con casi 300 UCI.
Ahora bien, esa contundencia no fue gratuita. El propio FMI señala que los dos paquetes fiscales aprobados para enfrentar la pandemia sumaron alrededor de US$3,000 millones —equivalentes a cerca de 12% del PIB— y contribuyeron a elevar con fuerza la deuda pública. Es decir, Bukele respondió con agresividad estatal y capacidad de intervención, pero al precio de tensionar aún más la posición fiscal del país. Desde un punto de vista político, esa etapa reveló un rasgo central de su estilo: ante una emergencia, prefirió sobreactuar en capacidad de mando antes que arriesgar una respuesta gradual o débil.
El Ataque a la criminalidad
Si la pandemia puso a prueba la capacidad de reacción del gobierno, la lucha contra la criminalidad definió su apuesta de fondo. Y aquí el punto económico es crucial: sin seguridad, no hay cálculo estable para invertir, producir ni planificar a largo plazo. El FMI sostiene que, tras el fortalecimiento de la policía y el ejército y la ofensiva contra las pandillas bajo el régimen de excepción, la tasa de homicidios cayó desde un pico cercano a 100 por cada 100 mil habitantes a 1.9 en 2024. El mismo organismo añade que la proporción de salvadoreños que consideraban al crimen un problema mayor cayó de 60% en 2016 a cerca de 6% en 2023, y que, si esta mejora se sostiene, debería traducirse en un mayor producto potencial. Más aún: según el FMI, reducir la tasa de homicidios hasta niveles cercanos al promedio mundial —como habría ocurrido en El Salvador— podría elevar el crecimiento potencial en alrededor de 0.5 puntos porcentuales.
Por eso, el combate a la delincuencia no fue solo una bandera de orden público, sino un pilar económico indispensable. Antes de esta etapa, el Banco Mundial advertía que el crimen le costaba a El Salvador alrededor de 10% del PIB por año, y otros estudios citados por el propio FMI sitúan el costo de la violencia incluso más arriba. El FMI también recoge que la proporción de empresas que veían el crimen como un gran obstáculo para hacer negocios cayó de alrededor de 50% en 2016-2018 a cerca de 5% en 2023. Dicho de forma simple: el ataque a la criminalidad no garantiza por sí mismo prosperidad, pero sí elimina una de las barreras más destructivas para cualquier estrategia de crecimiento. En el caso salvadoreño, Bukele entendió que sin romper ese cerco de violencia, cualquier política económica posterior nacería mutilada.
Inversión en Educación y Salud Pública
El tercer frente fue la inversión en capacidades sociales básicas, especialmente educación y salud. En educación, el gobierno impulsó la entrega masiva de dispositivos y una reforma de infraestructura escolar. Según la Memoria de Labores 2024 del Ejecutivo, se había alcanzado la entrega de laptops y tablets al 100% de los estudiantes del sistema educativo público. UNICEF, por su parte, documentó su apoyo técnico al Ministerio de Educación en la adquisición y distribución de laptops para docentes y alumnos, incluyendo estudiantes con discapacidad. A esto se sumó el programa Mi Nueva Escuela: la Presidencia informó en 2022 que ya se habían intervenido más de 2,000 centros educativos y que la reforma apuntaba a la remodelación de 5,150 escuelas en cinco años, incorporando infraestructura, tecnología, primera infancia, formación docente, salud y nutrición.
En salud, la lógica fue parecida: ampliar capacidad visible y mejorar infraestructura. Durante la pandemia se inauguró la primera fase del Hospital El Salvador, con 105 camas UCI y 295 camas UCIN, y luego el gobierno extendió intervenciones a toda la red pública. En 2022, por ejemplo, la Presidencia reportó la inauguración de áreas de descanso para personal de salud en los 30 hospitales públicos, con una inversión de US$3.7 millones. Más recientemente, el Banco Mundial aprobó en marzo de 2025 un proyecto de US$120 millones para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad, fortalecer infraestructura y equipamiento, expandir atención especializada y reforzar la capacidad operativa del Ministerio de Salud. Todo esto permite sostener que Bukele no limitó su accionar al control territorial, sino que también apostó por fortalecer —al menos en infraestructura, equipamiento y visibilidad— dos áreas clave para el capital humano. La discusión seria, desde luego, no es si hubo obras, porque sí las hubo, sino si esas obras se traducirán en mejoras duraderas de aprendizaje, productividad y calidad de atención.
La Fórmula Ganadora: Pragmatismo
Si la etapa anterior mostró la fórmula del desastre, la llegada de Bukele puede leerse como el intento de desmontarla no desde la fidelidad a una doctrina económica rígida, sino desde una lógica eminentemente práctica. En lugar de esperar que la economía mejorara por simple inercia, su gobierno atacó primero los factores que hacían inviable cualquier desarrollo sostenido: la emergencia sanitaria, la pérdida de control territorial y el deterioro del capital humano. Ahí radica el rasgo pragmático de su gestión: comprender que, en un país como El Salvador, el crecimiento no podía comenzar por sofisticadas teorías macroeconómicas, sino por remover los obstáculos más brutales que asfixiaban la vida económica cotidiana. El propio FMI sostiene que El Salvador enfrenta una “oportunidad histórica” para transformar su economía y que el programa actual busca precisamente crear las condiciones para un crecimiento más fuerte, inclusivo y resiliente.
Pragmatismo en la Pandemia
La pandemia, por ejemplo, obligó al gobierno a actuar con rapidez y fuerte intervención estatal. Más allá de las críticas sobre costo fiscal y concentración de poder, lo cierto es que esa respuesta permitió amortiguar el golpe inicial, sostener la recuperación y preservar capacidad operativa del país en uno de los peores choques globales de las últimas décadas. El FMI concluyó que la respuesta salvadoreña ayudó a salvar vidas, amortiguar la contracción de 2020 y apoyar la recuperación, aunque también agravó vulnerabilidades fiscales. Esa experiencia dejó una enseñanza clave para la lógica bukelista: ante amenazas que pueden paralizar al país, el costo político y fiscal de actuar fuerte parece preferible al costo económico y social de la inacción.
Pragmatismo en la Seguridad
Sin embargo, el verdadero punto de inflexión fue la seguridad. Durante años, la economía salvadoreña operó sobre un suelo contaminado por violencia, extorsión, miedo e incertidumbre. En esas condiciones, invertir era riesgoso, emprender costaba más, educarse era más difícil y planificar a largo plazo era casi un lujo. Por eso, el ataque frontal a la criminalidad no fue simplemente una política de orden público, sino una operación de saneamiento económico del terreno nacional. El FMI afirma que la caída de la tasa de homicidios y la reducción del crimen como obstáculo para hacer negocios disminuyen costos, liberan recursos para inversión e innovación y pueden elevar el crecimiento potencial; además, señala que la mejora de la seguridad ya ha venido acompañada de un repunte del turismo y de una expansión económica apoyada por una mayor confianza.
Pragmatismo en La Educación y la Salud
A esto se sumó la apuesta por educación, salud e infraestructura pública. No porque tales inversiones produzcan milagros inmediatos, sino porque son las que convierten una tregua económica momentánea en capacidad productiva futura. Una economía no se vuelve fértil solo cuando deja de sufrir violencia; se vuelve fértil cuando también empieza a formar mejor a su población, ampliar servicios básicos y reconstruir capacidades estatales mínimas. El Banco Mundial señala que sus operaciones en El Salvador se concentran precisamente en educación, salud, infraestructura, agua, energía y empleabilidad juvenil, mientras que el FMI insiste en que para recoger beneficios duraderos de la mejora en seguridad hacen falta estabilidad macroeconómica, empleo, gobernanza y políticas complementarias. Es decir, seguridad sin capital humano no basta; pero seguridad más inversión social sí empieza a cambiar la estructura de posibilidades del país.
En ese sentido, el pragmatismo de Bukele consiste en haber entendido —al menos en su lógica de poder y de gobierno— que primero había que volver gobernable el país para después intentar hacerlo más próspero. La secuencia importa: primero contener la pandemia, luego recuperar control territorial, después reforzar infraestructura social y, paralelamente, reconstruir confianza macroeconómica. El Banco Mundial reporta que en 2024 la economía creció 2.6% y que en la segunda mitad del año hubo apoyo del turismo y de la recuperación de la inversión, mientras que el FMI proyecta que, con una mejora duradera en seguridad y reformas estructurales, el crecimiento puede fortalecerse en el mediano plazo impulsado por la inversión y una mayor confianza. Eso no significa que el éxito esté asegurado; significa que, por primera vez en mucho tiempo, El Salvador empezó a dejar atrás el suelo estéril de la violencia crónica para intentar cultivar sobre una tierra más fértil.
Dicho de otra manera: la fórmula ganadora no radica todavía en que El Salvador haya llegado a la prosperidad, sino en que comenzó a construir las condiciones previas sin las cuales esa prosperidad era imposible. Y ese es, precisamente, el núcleo del pragmatismo económico: no prometer primero abundancia, sino despejar primero el terreno para que la abundancia, al menos, se vuelva posible.
La Crítica Dogmática a Nayib Bukele y Condiciones Materiales de El Salvador
Una de las críticas más superficiales que se le hacen a Nayib Bukele consiste en acusarlo de neoliberal, servil a Estados Unidos o funcional al orden global simplemente por hacer negocios con Washington, mantener el dólar o acudir al FMI. Es una crítica perezosa, porque en lugar de preguntarse qué necesita realmente El Salvador para desarrollarse, se limita a repartir etiquetas ideológicas como si gobernar fuera un ejercicio universitario y no una confrontación diaria con la realidad. En el fondo, esa crítica delata más dogmatismo que análisis: confunde instrumentos con doctrinas, y cree que la pureza discursiva vale más que la eficacia material. Pero un país no despega por recitar consignas correctas; despega cuando utiliza inteligentemente las herramientas que tiene a su alcance.
Relaciones Comerciales de El Salvador
El Salvador no es una potencia autosuficiente con gran mercado interno, moneda fuerte propia, abundante ahorro nacional y margen fiscal de sobra. Es una economía pequeña, abierta, profundamente conectada a Estados Unidos por comercio, remesas y finanzas. Estados Unidos absorbió cerca del 39% de las exportaciones salvadoreñas de mercancías en 2022 y proveyó alrededor del 30% de sus importaciones, dentro de una relación estructurada además por el CAFTA-DR. En ese contexto, presentar cualquier entendimiento con Washington como una traición ideológica no es radicalismo: es infantilismo geopolítico. Un gobernante serio no desprecia por postureo al actor económico más importante para su país; busca sacar ventaja de esa relación. Y eso es justamente lo que hace Bukele cuando intenta convertir los vínculos con Estados Unidos en comercio, inversión, financiamiento y margen de maniobra.
La Dolarización en el Salvador
Lo mismo ocurre con la dolarización. Quienes critican a Bukele por mantener el dólar hablan como si la moneda pudiera cambiarse por capricho, como si bastara un arrebato ideológico para desmontar una estructura económica construida durante décadas. Bukele no dolarizó El Salvador: recibió un país dolarizado desde 2001. Y en una economía tan integrada a Estados Unidos, la continuidad del dólar no puede leerse seriamente como una declaración doctrinal automática, sino como el reconocimiento de una restricción material heredada. La propia literatura del FMI ha explicado que la dolarización redujo el riesgo cambiario y los costos financieros y de transacción, aun cuando también impone límites. Es decir, se puede debatir si el régimen monetario ideal sería otro; lo que no se puede hacer sin caer en caricatura es fingir que desmontarlo abruptamente sería un acto revolucionario y no, más bien, una apuesta de alto riesgo para una economía frágil.
La misma pobreza analítica aparece cuando se condena a Bukele por recurrir al FMI. Para cierta izquierda de manual, pedir financiamiento al Fondo equivale a rendirse ante el neoliberalismo. Pero esa postura suele ignorar lo más importante: la función concreta que cumple ese financiamiento en una economía determinada. En febrero de 2025, el FMI aprobó a El Salvador un programa EFF por US$1.4 mil millones, y en junio de 2025 sostuvo que el desempeño del programa había sido sólido, que las metas fiscales y de reservas se habían cumplido con margen y que seguían avanzando las reformas de gobernanza, transparencia y resiliencia financiera. La pregunta seria, entonces, no es si al dogmático de turno le gusta o no el FMI; la pregunta seria es si ese vínculo ayuda a bajar el riesgo país, restaurar credibilidad, abrir acceso a más financiamiento y mejorar las condiciones de inversión. Y la respuesta, al menos por ahora, es que sí.
Cambio de política del Bitcoin
De hecho, el mejor ejemplo de que Bukele no está casado con ninguna ortodoxia es el caso Bitcoin. Si fuera un gobernante dogmático, habría preferido inmolarse antes que corregir. Pero cuando la necesidad de estabilizar la macroeconomía y destrabar la relación financiera externa pesó más, aceptó reducir el alcance de su propia apuesta: en enero de 2025, la aceptación de Bitcoin pasó a ser voluntaria, en línea con el acuerdo con el FMI, que además planteó limitar la participación del sector público en actividades relacionadas con esa criptomoneda. Eso no es la conducta de un fanático doctrinario; es la conducta de alguien que, cuando la realidad aprieta, reordena prioridades. Un ideólogo adora su teoría incluso cuando se estrella contra el suelo. Un pragmático corrige el rumbo.
La Izquierda dogmática contra Bukele
Y aquí es donde la crítica se vuelve casi satírica. Inclusive sectores de izquierda que se autodenominan “materialistas” atacan a Bukele por usar precisamente los instrumentos que un análisis material serio obligaría, al menos, a evaluar sin prejuicio. Porque si algo enseña Marx en sus textos clásicos es que los órdenes sociales no se reemplazan por decreto moral, sino cuando maduran las condiciones materiales para ello; y que la burguesía, en su momento histórico, fue una fuerza revolucionaria precisamente porque demolió las viejas trabas feudales y desarrolló las fuerzas productivas. En El Manifiesto Comunista, Marx y Engels describen a la burguesía como la clase que derriba las viejas relaciones feudales; y en el prólogo a Contribución a la crítica de la economía política, Marx sostiene que ninguna forma social desaparece antes de haber desarrollado las fuerzas productivas que caben en su seno, y que unas relaciones superiores no emergen antes de que maduren sus condiciones materiales. Desde esa lógica, no es absurdo sostener que, en una economía bloqueada por violencia, informalidad, baja inversión y débil desarrollo productivo, el problema inmediato no sea “saltar” a un ideal poscapitalista, sino crear primero condiciones elementales de orden, acumulación, inversión y expansión productiva.
Dicho de otro modo: una parte de la izquierda contemporánea se llena la boca hablando de materialismo, pero a la hora de analizar un país concreto termina comportándose como idealista. En vez de partir de la estructura económica real, de la geopolítica efectiva, de la moneda heredada, del peso de Estados Unidos, de la necesidad de financiamiento, del estado de las fuerzas productivas y del nivel de descomposición social previo, parte de un molde teórico prefabricado y pretende encajar la realidad dentro de él a golpes. Si la realidad no obedece, peor para la realidad. Esa no es una actitud materialista; es una forma elegante de autoengaño.
Bukele Materialista
Por eso, más que como un doctrinario, Bukele puede leerse como un político que opera desde la lógica de las condiciones materiales. No porque todo lo que haga sea impecable, ni porque toda crítica en su contra sea falsa, sino porque su método de gobierno parece partir de una premisa sencilla: primero hay que volver viable el país que existe, antes de fantasear con el país que desearían los catecismos ideológicos. En esa lógica encaja negociar con Estados Unidos, mantener el dólar, buscar el aval del FMI, corregir la estrategia Bitcoin cuando conviene y usar cada herramienta disponible para reconstruir gobernabilidad, crédito, confianza y capacidad estatal. No hay pureza ahí; hay cálculo. Y precisamente por eso hay pragmatismo.
Visto desde esta perspectiva, la cuestión no es si Bukele encaja en la plantilla mental de la izquierda nostálgica o de la derecha doctrinaria. La cuestión es si ha sabido leer mejor que muchos seudointelectuales la etapa histórica y las necesidades reales de El Salvador. Y ahí su ventaja parece evidente. Porque mientras otros discuten desde abstracciones cómodas, él ha actuado sobre un hecho brutal: El Salvador no podía aspirar a formas superiores de desarrollo sin antes desmontar las trabas más primitivas que lo asfixiaban. En ese sentido, su pragmatismo no expresa pobreza teórica, sino una lectura más cruda —y probablemente más materialista— de lo que un país pequeño, vulnerable y golpeado necesita hacer para dejar de sobrevivir y empezar, por fin, a construir.
Resul